Los auditores vuelven a ‘suspender’ a FGV

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la empresa encargada de la gestión del Tram y Metrovalencia, sigue incumpliendo la normativa de contratación pública de servicios y obras. Lo dice el último informe elaborado por la Intervención General de la Generalitat referido al ejercicio 2016. Lo que era una práctica habitual y denunciada por los órganos fiscalizadores con los gobiernos del PP continúa dándose con el Ejecutivo del PSPV y Compromís.

El informe, en el que colabora la firma Auren, analiza el grado de cumplimiento de FGV a la hora de adjudicar contratos públicos (obras, mantenimiento de las infraestructuras, servicios, asistencia técnica, etc). Y el resultado no deja precisamente en buen lugar a la empresa pública.

De hecho, de la auditoría se deduce que la actual FGV, dependiente de la Conselleria de Obra Públicas, ha heredado algunos de los peores vicios de la era del PP. Hasta el punto de que los auditores destacan que la empresa adjudica contratos de servicios a empresas sin exigir a estas el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la propia administración autonómica.

También se insiste en que FGV apruebas prórrogas de contratos sin saber los importes de estas prolongaciones de estas adjudicaciones. Y por supuesto, se alerta una vez más del abuso de la contratación menor y del fraccionamiento de contratos (partir un mismo contrato en varios menores con cuantías inferiores a 18.000 euros pese a tener el mismo objeto o proveedor, superando el máximo anual legal de los 18.000 euros).

Todas estas prácticas están expresamente prohibidas por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLSCP), y así lo advierte el propio informe de auditoría.

El informe refleja los 40 contratos de servicios prorrogados por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en 2016. Aquí se incluyen contratos como los mantenimientos de las instalaciones de las líneas férreas, la ejecución de plataformas, los servicios de telecomunicaciones, la limpieza, etc. Hay contratos adjudicados desde el año 2000, pero la mayoría se firmaron por primera entre 2009 y 2011.

A este respecto, los auditores se muestran contundentes: «La entidad [FGV], al igual que en ejercicios anteriores, desconoce los importes de las prórrogasrealizadas, tal y como se observa en la información certificada por la misma. Consideramos que este hecho supone un desconocimiento de las obligaciones económicas contraídas por la entidad, consecuencia de la prórroga de contratos y una ausencia de control que conlleva una planificación deficiente de los recursos de la entidad».

La muestra

Asimismo, los auditores han seleccionado una muestra de 19 contratos suscritos por FGV en 2016, cuyo importe asciende a unos 18 millones de euros (obras, servicios, adquisición de bienes, etc). Entre las incidencias detectadas se resalta que en la mayor parte de los contratos examinados «no se exige a los licitadores la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias autonómicas, incumpliendo el artículo 151.2 del TRLCSP». Es decir, que la administración se está arriesgando a contratar servicios de empresas que puede que no estén al día con el fisco autonómico.

En cuanto a la contratación menor, el informe sostiene que de la acumulación de importes de facturación por proveedores se ha observado que 57 empresas de servicios y suministros han facturado en varios pedidos un importe anual superior a los 18.000 euros, y que un proveedor de obra ha facturado en varios pedidos un importe anual superior a los 50.000 euros, «lo que supone un incumplimiento de los límites regulados en las instrucciones de contratación de la entidad».

En total, estos proveedores han facturado a FGV 2,348 millones de euros en total. En 2015 fueron otros 2,284 millones .

De este modo, FGV sigue incurriendo en la práctica prohibida de fraccionar contratos menores: se trocea un contrato en varios contratos de menos de 18.000 euros pese a tener el mismo objeto o proveedor, así se evita la convocatoria pública. Lo que sucede después es que la suma de todos esos contratos adjudicados a un mismo proveedor para un mismo servicio sí supera el límite legal de los 18.000 euros. Y esto es lo que pone en tela de juicio la auditoría, que recuerda que FGV «ha realizado diversos contratos menores a lo largo del ejercicio para un mismo servicio, sin realizar la tramitación de un procedimiento abierto o negociado, incumpliendo la prohibición de fraccionamiento regulada».

La Intervención también considera que «la contratación de servicios de carácter periódico o recurrente a través de la figura del contrato menor» es una práctica administrativa que «supone una incorrecta aplicación de la normativa de contratación pública».

La postura de la empresa

Fuentes oficiales de FGV señalaron sobre el informe de la Intervención que «se está realizando un gran esfuerzo en materia de contratación», y que el consejo de administración de aprobó en septiembre de 2015 un plan para aumentar la transparencia en la contratación de la empresa obteniendo un ahorro de costes y de gestión en la tramitación». Desde la compañía pública mantienen que el número de contratos menores en 2015 fue de 2.952 y en el 2017 de 2.500. Estas mismas fuentes aseguran que «a partir de 2016 se aumentó aún más el nivel de control y exigencia y se ha establecido un Plan de Acción dentro del Área Económica para reducir y controlar el número e importe de los contratos menores». FGV apunta que «la contratación de distintos objetos, en tiempos diferentes y con las correspondientes peticiones y valoraciones de ofertas, a un mismo adjudicatario no supone vulneración de ningún precepto legal», y que «con el objetivo de poder controlar el cumplimiento por parte de las empresas de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, desde 2016» se exige, entre otros requisitos, que las empresas se hallen «al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones locales, autonómicas o nacionales».

 

Noticia original elmundo.es